El reciente fallo del Tribunal Fiscal Administrativo vuelve a poner en el centro del debate una de las herramientas más relevantes —y sensibles— del sistema tributario: el incremento patrimonial no justificado.

Este criterio permite a la Administración Tributaria presumir la existencia de ingresos no declarados cuando un contribuyente no logra demostrar el origen de determinados fondos.

En este artículo le explicamos qué ocurrió en el caso reciente, cómo funciona esta figura y qué implicaciones tiene para las empresas en Costa Rica.


📌 El caso: una sanción por no justificar el origen de fondos

Según la resolución TFA No. 014-P-2026, la Administración Tributaria determinó un incremento patrimonial no justificado por varios cientos de millones de colones en una empresa del sector hotelero.

Durante el proceso de auditoría, se identificaron transferencias bancarias hacia empresas vinculadas, correspondientes a préstamos realizados en el período fiscal 2014.

Sin embargo, el contribuyente no aportó documentación suficiente que permitiera acreditar el origen de los recursos utilizados, lo que llevó a la Administración a realizar un ajuste fiscal.


⚖️ ¿Qué es el incremento patrimonial no justificado?

El incremento patrimonial no justificado es una figura mediante la cual la Administración Tributaria puede considerar como renta gravable cualquier aumento en el patrimonio que no esté respaldado por ingresos debidamente registrados o declarados.

Este criterio se fundamenta en:

  • El artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
  • El artículo 8 de su Reglamento

Ambas disposiciones permiten presumir como renta bruta aquellos incrementos patrimoniales sin respaldo adecuado.


🔍 Una presunción “iuris tantum”: la carga de la prueba recae en el contribuyente

Este tipo de ajuste se basa en una presunción legal conocida como “iuris tantum”.

Esto significa que:

  • La Administración parte de un hecho comprobable (el aumento del patrimonio)
  • Presume que existe una renta no declarada
  • Traslada al contribuyente la responsabilidad de demostrar lo contrario

En la práctica, esto implica que la empresa debe probar que los fondos:

  • Tienen un origen legítimo
  • Ya fueron gravados anteriormente, o
  • Se encuentran exentos según la normativa

Si no logra hacerlo, la Administración puede mantener el ajuste.


¿Por qué este criterio representa un riesgo alto?

El incremento patrimonial no justificado es una de las herramientas más potentes de fiscalización porque:

  • No depende directamente de una factura o ingreso específico
  • Se basa en movimientos financieros y patrimoniales
  • Puede aplicarse incluso años después de realizadas las operaciones

Esto lo convierte en un riesgo relevante para empresas que:

  • Manejan préstamos entre partes relacionadas
  • Realizan transferencias internas significativas
  • No documentan adecuadamente el origen de los fondos

Errores comunes que pueden generar este tipo de ajustes

En la práctica, muchas empresas quedan expuestas por situaciones como:

  • Falta de documentación sobre el origen de los recursos
  • Préstamos entre empresas sin contratos formales
  • Inconsistencias entre registros contables y movimientos bancarios
  • Ausencia de trazabilidad financiera

Estos errores, aunque operativos, pueden derivar en ajustes fiscales de alto impacto.


¿Cómo pueden prevenirse estas contingencias?

Para reducir el riesgo de que un movimiento sea considerado como incremento patrimonial no justificado, se recomienda:

  • Mantener documentación completa de todas las operaciones financieras
  • Formalizar préstamos con contratos y condiciones claras
  • Asegurar la trazabilidad entre ingresos, cuentas bancarias y contabilidad
  • Revisar periódicamente la coherencia financiera de la empresa

Una gestión preventiva permite anticiparse a observaciones en una eventual fiscalización.


El reciente fallo del Tribunal Fiscal Administrativo refuerza un mensaje claro:
no basta con realizar operaciones financieras, es necesario poder justificarlas.

El incremento patrimonial no justificado sigue siendo una herramienta clave para la Administración Tributaria, y su aplicación puede generar ajustes significativos cuando no existe respaldo suficiente.

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